La legislación aplicable a la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) se basa en los principios de la Constitución Española.
La Constitución Española encomienda a los poderes públicos en su artículo 40.2 velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Este es uno de los principios rectores de la política social y económica.
Para cumplir con este mandato constitucional, se establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que constituye el marco general de la legislación en materia de PRL.
La legislación aplicable a la Prevención de Riesgos (PRL): LEGISLACIÓN ESPAÑOLA Y COMÚN.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 2 el objeto de la misma. El objeto de esta ley es promover la seguridad y la salud de los trabajadores. Se consigue mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.
Además, como un refuerzo a este imperativo constitucional, nuestro país ha adquirido nuevas obligaciones internacionales. Ha sido necesaria la adaptación de la legislación aplicable a la Prevención de Riesgos (PRL) española a la común. Existe una necesidad de inclusión del contenido de los acuerdos firmados en el ordenamiento jurídico español. Esto se debe a la integración en la Unión Europea y la firma de determinados convenios internacionales como el Convenio nº155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, de la Organización Internacional del Trabajo.
Los trabajadores tienen derechos y los empresarios, obligaciones.
El artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales establece el derecho de los trabajadores a recibir protección en materia de seguridad y salud. Así como la correlativa obligación del empresario de proporcionarles dicha protección mediante la adopción de las medidas necesarias en el entorno laboral.
La integración de la prevención frente a riesgos laborales aporta ciertas ventajas como puede ser la disminución de los costes no asegurables de incidentes y accidentes. También incluye una reducción de los gastos imprevistos asociados a incumplimientos legales. Además del aumento de la rentabilidad de recursos humanos y materiales de la empresa.